Amigos…a fin de analizar como va favoreciéndose la utopía de una verdadera inclusión social de las personas con distintas clases de discapacidades, he decidido en esta oportunidad abordar al segmento de la discapacidad visual, comprensiva tanto de la ceguera como de la baja visión. Es así que hoy día son cada vez más las empresas y organismos oficiales que adaptan sus productos y servicios, para poder ser utilizados por los miembros de este colectivo.
Debiéramos saber que en nuestro país hay más de 500 mil personas que padecen alguna clase de discapacidad visual y solo 100 mil de ellas poseen ceguera. En la argentina, en 1 de cada 15 hogares, vive una persona con discapacidad visual. Es por ello que tanto bancos, restaurantes como laboratorios cosméticos tendrán que adaptar sus productos y servicios, permitiendo de ese modo que aquellos que no salen de sus hogares por carecer de autonomía comiencen a hacerlo, para entonces encontrar el camino certero hacia la accesibilidad que comparten todos los individuos en el mundo real.
Es así que ya se puso en marcha este proceso que facilitará definitivamente la autonomía personal y la accesibilidad que equipare el uso y disfrute de todos los servicios y adquisición de bienes de cualquier naturaleza, para todos estos usuarios y consumidores. Consecuencia de esto será la adaptabilidad que deberán hacer a partir de ahora restaurantes, bancos y laboratorios. Hace poco tiempo fue una empresa de belleza la que tomó la iniciativa, lanzando el primer producto del mercado de este rubro con etiquetado braille. Pero ¿por qué no se adaptan los productos y servicios para las personas con discapacidad visual? Porque en general nadie las ve, las oye ni pone atención en sus necesidades particulares.
Hay que tener bien presente que desde el año 2008 en Argentina, la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas Con Discapacidad emitida por Naciones Unidas en diciembre de 2006, junto con 155 naciones, es de cumplimiento efectivo para nuestro ordenamiento jurídico interno por haberse aprobado tanto el protocolo facultativo como la convención misma, mediante la sanción de la ley 26.378. Basándose en ella, se obligaba a las empresas a cambiar sus actitudes y enfoques al tratamiento del tema y supresión de obstáculos inherentes a la discapacidad visual. Pero, recién ahora comienzan a verse los primeros pasos concretos en materia de responsabilidad social empresaria y gubernamental, atinentes a esta problemática.
Ejemplo de esto es el caso del mercado de la belleza. No existían opciones con etiquetado braille en góndolas de perfumerías ni supermercados. Pero afortunadamente, una empresa de este rubro, Biferdil, advirtió la necesidad de este grupo etáreo, lanzando el pasado mes, una línea de champú y bálsamo que cuenta con etiquetado en braille. Refieren los consumidores beneficiados por esta flamante incorporación que el hecho de que se incluya el braille en los productos es un gran aporte que brinda independencia y autonomía.
El proceso de inclusión social en la actualidad está mucho más presente, aunque sigue siendo lento. Pero felizmente desde el sector privado y el estado se están dando iniciativas que permiten inferir que las personas con discapacidad visual existen, que poseen necesidades peculiares que ameritan ser tomadas en cuenta para suprimir las actuales barreras de integración e inclusión.
Está en tratamiento un proyecto de ley que obligará a los laboratorios a que todos los medicamentos cuenten con el nombre del genérico como así también el 0800 del laboratorio fabricante en braille para que, quién precise acceder a tales informaciones cuente con autonomía suficiente a la hora de adquirirlas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por ley se exigió a los restaurantes que tengan su carta en braille, para permitir que las personas con discapacidad visual tengan acceso por si mismos al menú. Sin embargo, son bastante pocos los establecimientos gastronómicos que respetan esta norma. En otras áreas también se dan muestras certeras de esta promitente supresión de barreras para el colectivo. En el mes de enero de 2013, el Banco Central de la República Argentina dictó la res 5388, por la cual se obliga a todos los bancos (públicos y privados) a trabajar sobre pautas de inclusión y accesibilidad, estipulando entre algunos plazos que al 30 de junio de 2013, al menos el 10% de los cajeros automáticos deberán ser accesibles para personas con discapacidad visual. Del mismo modo, todos los formularios y contratos deberán estar disponibles en braille a solicitud del cliente interesado.
En síntesis, concluyo afirmando que el secreto del cambio de paradigma estará en pensar inclusivamente. Es decir, al momento de crear o diseñar algo, considerar en ello, distintos públicos y sus distintas necesidades. No cabe duda, que la barrera principal está en el desconocimiento de estas realidades. Lo importante será entender entonces que frente a uno no hay una persona ideal, sino simplemente seres humanos con necesidades diferentes, pero con iguales derechos.
Amigos…. Del análisis de todo lo antedicho solo restaría resaltar que la clave está en favorecer la autonomía personal. En consecuencia, la dependencia inevitable a la que el colectivo suele verse sometido para el desarrollo de su vida cotidiana puede minimizarse y hasta desaparecer en algunas circunstancias, mediante la incorporación de herramientas como esta, el braille en productos para el cabello, en los cajeros automáticos, en la carta de un restaurante. Mas allá de esto, que per se es vital, se consigue una mayor concienciación en la sociedad sobre las necesidades de esta población. Verbigracia, imaginarse a una persona con discapacidad visual es pensar en todo un entorno familiar, pues esta contingencia afecta al conjunto en forma indirecta. Por ello sigo apostando a difundir acciones plausibles que nos aproximarán a la mentada sociedad para todos.
Vuelvo a invitarlos a “EJERCER SUS DERECHOS PORQUE SU EJERCICIO NO CONSTITUYE MEROS PRIVILEGIOS”.
DRA. SILVINA COTIGNOLA, ABOGADA ESPECIALIZADA EN DISCAPACIDAD, SALUD Y FAMILIA.