Amigos…continuando con el desarrollo de este tema, vale resaltar la importancia que tienen los medios masivos de comunicación a través de la difusión de la materia. Afortunadamente la orbita judicial se va haciendo eco de los nuevos cambios, que a mi entender buscan ser plenamente integradores.
Los medios de comunicación y las campañas solidarias han contribuido a crear conciencia respecto de la discapacidad. Es muy importante evitar caer en el extremo de la discriminación positiva, esto es, otorgar demasiadas facilidades y beneficios, coartando su libertad y posibilidades de desarrollo, limitando el aprendizaje autónomo y repercutiendo en el desarrollo de la independencia del niño. Existen muchos otros con dificultades “menos visibles” pero igualmente discriminados y estigmatizados: menores con síndrome de déficit atencional, problemas conductuales y otros menos conocidos como el autismo, el síndrome de asperger, gilles de la tourette, quienes sufren silenciosamente de la segregación social y escasa comprensión de sus dificultades. Sectores del mundo adulto dificultan el proceso y permítanme solicitar un minuto de reflexión sobre nuestra propia capacidad de tolerancia para integrar al “mundo normal” a las personas con discapacidad desde los inicios de su vida. Como parte importante de la inserción social, la integración escolar surge como el principal ámbito de desempeño en esta edad. Se han logrado avances pero aún falta mucho camino por recorrer. Un buen inicio es aceptar que nosotros tampoco somos iguales, solamente que la diferencia no es visible.
Fallos ejemplares.
El Gobierno Porteño deberá intimar, dentro de los próximos 240 días hábiles, a los colegios privados para que eliminen las barreras arquitectónicas, y adaptar las escuelas públicas para el libre acceso y circulación de personas con discapacidad motora. Así lo determinó un fallo, el 22 de diciembre pasado, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAT) Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires. La medida no buscó castigar a nadie, sino concientizar a las autoridades de que hay una ley, la 962, que no se cumple. El amparo fue presentado en diciembre de 2006 por la ONG fundación ACCESO YA, en contra del Ministerio de Educación Porteño. El objetivo era que implementen las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad motora o movilidad reducida en todas las escuelas de la Ciudad. La falta de accesibilidad física en las escuelas reviste particular gravedad porque, en primer lugar, se limita seriamente el derecho a aprender de los chicos con discapacidad y, en segundo lugar, se está dando un muy negativo mensaje de exclusión y discriminación a los niños que no padecen ninguna discapacidad motora. De ciertos informes se desprende que el 95 por ciento de las escuelas privadas y el 75 por ciento de las escuelas públicas no cumplen con las condiciones mínimas de accesibilidad, esto es, contar con rampas de acceso, ascensores y baños adaptados para personas con discapacidad motora.
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el juez Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado Civil y Comercial nº 2 de La Plata, sostuvo el pasado 15 de febrero que la Dirección de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial de la Provincia de Buenos Aires, deberá entregarle a la Asociación por los Derechos Civiles toda la información requerida sobre las condiciones de accesibilidad para niños con discapacidades motrices, de todas las escuelas de la Provincia de Buenos Aires. En el año 2008 la ADC presentó un pedido de información ante la Dirección de Educación Especial dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial, respecto de las condiciones de accesibilidad de las 15.000 escuelas bonaerenses. Al no obtener ninguna
respuesta en los plazos legales establecidos, la ADC interpuso una acción de amparo. A efectos de contar con la totalidad de la información solicitada esta, requirió al juez extender el plazo y ordenar a la dirección de infraestructura escolar que complete el cuestionario con las escuelas que omitieron proveer la información. El juez consideró válido el pedido de la ADC y así fue que ordenó que en el plazo de 90 días hábiles se entregue la información acerca de las condiciones de accesibilidad de todas las escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Por ello, lo que se espera del estado es que, a efectos de cumplir con la normativa sobre accesibilidad, tenga al menos un relevamiento certero de las condiciones de accesibilidad de los edificios públicos, en este caso las escuelas.
Amigos…la justicia afortunadamente va entendiendo cuales son las reales necesidades de este colectivo.
Por ello sigamos como siempre diciendo “EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS, NO SON MEROS PRIVILEGIOS”.
Dra. Silvina Cotignola, Abogada especializada en Discapacidad, Salud y Familia.
smlcoti@hotmail.com.ar